La reforma de
El
deudor tiene la obligación de solicitar ante el Juzgado Mercantil la
declaración de concurso de su empresa dentro de los dos meses siguientes a la
fecha en que hubiera conocido o debido conocer su situación de insolvencia. No
obstante, si antes de ese momento pone en conocimiento del Juzgado que ha
iniciado negociaciones con sus acreedores para alcanzar un acuerdo de
refinanciación o para obtener adhesiones a una propuesta anticipada de convenio,
dispone de cuatro meses para presentar su concurso, siempre que su situación de
insolvencia persista.
Frecuentemente
nos encontramos con empresas que detectan demasiado tarde su situación de
insolvencia o que vislumbrada esperan que la misma sea una situación pasajera
que se resolverá con algún nuevo pedido que entre, mientras tanto la situación
en la empresa sigue deteriorándose y en muchos casos nos encontramos que las
ejecuciones que se siguen contra la misma, fruto de los juicios cambiarios
entablados, estrangulan su tesorería y paralizan la actividad.
La
solicitud de preconcurso normalmente se utiliza como paso previo a la del
concurso, con la finalidad de salvar la responsabilidad de los administradores
de la empresa y mientras se trata de alcanzar un acuerdo con los acreedores a
la vez que se prepara la presentación del concurso.
Durante
ese plazo de cuatro meses que hemos comentado anteriormente, las ejecuciones
singulares que se están dirigiendo contra la empresa no se paralizan, ya que
solamente la declaración de concurso produce ese efecto.
Hubiera sido deseable que la reforma de la Ley Concursal
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